Reforma de pensiones: adiós al Big Bang

Los sistemas previsionales están fuertemente desafiados, primero por el acelerado proceso de cambio demográfico, y segundo, por las nuevas formas de trabajo, que hacen menos directo el vínculo entre empleo y cotizaciones. El tema es muy complejo social y políticamente, porque genera presiones de gasto público y privado para financiar pensiones, junto con la necesidad de alargar las carreras laborales.

Se suele decir que hemos fracasado en lograr acuerdos políticos para enfrentar este desafío, y efectivamente los tres últimos gobiernos han presentado amplias reformas previsionales que no han logrado ser aprobadas. Pero es falso que exista inmovilismo en esta materia, hemos hecho cambios, y bastante relevantes, sólo que ha sido en una lógica gradualista, que ha probado ser la mejor para avanzar en políticas públicas. Revisemos lo más relevante.

“Hay aspectos de la reforma previsional en los que hay mayor consenso y se podrían despachar en forma gradual. Podemos y debemos avanzar en perfeccionar el sistema previsional, no hay para qué refundarlo por completo”.

En 2002 se crearon los multifondos, en 2008 se estableció el pilar solidario, que fue objeto de varias modificaciones para mejorar su alcance, hasta llegar en 2021 al establecimiento de la PGU, que por sí sola es una gran reforma al sistema, tanto en su impacto como en su diseño. En 2008 se estableció también el mecanismo de licitación de nuevos afiliados bianualmente. En 2019 se inició la obligatoriedad de cotización para los emisores de boletas de honorarios, y en forma constante se ha ido perfeccionando la política de inversiones, el más reciente el aumento en el límite de inversión en activos alternativos.

Es así como los países han logrado avanzar en materia de pensiones, con reformas graduales, que no abarcan muchos aspectos a la vez, ya que eso no sólo es difícil políticamente, sino que además resulta muy riesgoso. Nos remite a la experiencia del Transantiago, y de otras reformas estructurales que se han hecho en la última década -aunque de menor alcance que el actual proyecto de pensiones-, y que han generado impactos no deseados. 

Si analizamos la actual propuesta de reforma, hay aspectos en los que hay mayor consenso y se podrían despachar en forma gradual, sin necesidad de un riesgoso y complejo big bang. Lo primero es aumentar en forma gradual la tasa de cotización de capitalización individual, a lo mejor sujeto a la situación del mercado laboral, en tres puntos. Australia, por ejemplo, la subió de 9% a 12% en un período de 12 años.

Una segunda materia que genera consenso es seguir profundizando la obligatoriedad de cotizar hacia otros grupos que hoy no lo hacen, considerando además que las nuevas formas de trabajo agravan el problema de la informalidad. Un tercer aspecto muy razonable es el cambio en la política de inversiones hacia los llamados fondos generacionales, en una lógica en que, más allá de una multiplicidad de límites, las carteras de inversión maximicen el retorno para determinados perfiles de riesgo.

También se podría avanzar en centralizar funciones que hacen las administradoras por separado ineficientemente, como la cobranza del no pago de cotizaciones. Existe también acuerdo en bajar las barreras a la entrada, lo que se logra disminuyendo el encaje (el proyecto propone eliminarlo, contraproducente frente a la eventualidad de un mal manejo de las inversiones). Es posible asimismo diseñar mecanismos que logren mayor alineamiento entre los resultados de las administradoras y los retornos para los afiliados. Por último, se pueden hacer mejoras a la PGU, vinculadas a las cotizaciones y a la edad de solicitud del beneficio.

En definitiva, podemos y debemos avanzar en perfeccionar el sistema previsional, no hay para qué hacerlo refundándolo por completo.